Reformas al Código Penal, inconstitucionales

Litigantes y especialistas en derecho penal aseguran que las recién aprobadas reformas al Código Penal del estado, en particular las que tienen que ver con el agravamiento de los delitos que dejan a los inculpados sin el beneficio de la libertad condicional, pudieran ser declaradas inaplicables e inconstitucionales

 

 

 

 

Sofía Noriega

 

 

El Poder Ejecutivo estatal presentó en febrero pasado una iniciativa que sin mayor preámbulo ni análisis fue aprobada por los legisladores.

A la luz de la razón y de la práctica, los abogados defensores han manifestado que el agravamiento de los delitos por intimidación o violencia pudiera engrosar la población carcelaria.

 

En opinión del Foro de Abogados de Saltillo, el endurecimiento de penas con las últimas reformas al Código Penal del estado, publicadas el 25 de septiembre del 2012, desprende la posibilidad de que no se estén respetando los derechos humanos de los inculpados.

 

Tal es el caso del reformado artículo 78, al que se le añadió el artículo 78 bis que habla de que: “Los sentenciados por delitos de extorsión y cualquier tipo de delitos que se haya cometido con violencia e intimidación no tendrán derecho al beneficio de condena condicional, así como tampoco a la libertad preparatoria, sustitución, conmutación, etcétera”.

 

Enrique Pedroza, expresidente y miembro del Foro de Abogados de Saltillo, señala que en la anterior modificación se incluye el delito de robo con violencia que es de los más frecuentes que llegan a la primera y la segunda instancia judicial.

 

Con estos cambios, quienes delinquen por vez primera no podrán gozar del beneficio de la fianza y deberán purgar la condena completa, como sucede con los reincidentes. “Hay diferentes corrientes en cuanto a la punibilidad y reinserción del delincuente a la sociedad. Considero que este tipo de adecuaciones al Código Penal corresponden a un sensacionalismo de crear leyes para dar la impresión de que se está trabajando sobre la seguridad, y a veces se pierde el sentido.

 

Añade Pedroza: “los primodelincuentes tenían derecho a una oportunidad y se les otorgaba un beneficio, siempre y cuando la pena fuera menor a los 6 años, y estuvo funcionando porque la libertad condicional se dividía en diferentes beneficios, el más común era que se les dictara una fianza y seguía disfrutando de su libertad, estando sujeto a vigilancia en un lapso de 3 años”.

 

Estos cambios pretenden proteger a la sociedad, señala el jurisconsulto, sin embargo “el negar este beneficio a los primodelincuentes deriva en estar alimentando las cárceles con carne de cañón y que ahí van a recibir un doctorado o maestría en mala educación”.

 

 

Inaplicable

 

Para el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Antonio Berchelman Arizpe, los cambios ya vigentes en el artículo 78 bis apareja más personas en la cárcel al no concedérseles la libertad caucionar.

 

“En cuanto a la opinión del contenido del artículo no podría darla, aunque sí han expresado varios abogados su inconformidad con el artículo. Cabe prever que lo planteen en alguna apelación pidiendo la inaplicación del artículo, con base a la reforma al Artículo 1 Constitucional, así como del artículo 133 de la Carta Magna”.

 

Berchelman Arizpe añade que de acuerdo a lo establecido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces y magistrados, tienen el deber de resolver ese planteamiento y si en segunda instancia, es decir, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se resuelve que el artículo es contrario a la Constitución, se puede desaplicar. “Esto significa que no se invalida la ley pero no se aplica por ser inconstitucional, esperamos que lleguen los primeros casos en tres o cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma”.

 

Berchelman señala que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo tomaron opinión de los magistrados para hacer esta ley. “Aunque está estipulado en la legislación que se puede pedir el parecer del Poder Judicial tampoco es una obligación”.

Aún no han llegado a los juzgados penales el caso de delitos cometidos con violencia o intimidación, señala Nadia Babel García, secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Penal de Saltillo. Explica que los cambios al artículo 78 se centran en que los inculpados no gozarán de libertad caucional durante el proceso hasta que se dicte la sentencia. “Mientras no se cambie el sentido de este artículo y la reforma que entró en vigor en los juzgados, lo tenemos que aplicar de esta manera”.

 

Sobre la contravención a la Constitución o a algún tratado internacional, señala que el artículo deberá ser declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los juzgados dejen de aplicarlo.

 

Con respecto a la reclusión en los penales de mayor número de personas, la secretaria del Juzgado Tercero considera que no tendría una gran incidencia, debido a que en el año han llegado 13 casos por robo con violencia, de los cuales la mitad ha sido sentenciada.

 

“En realidad la aglomeración de las cárceles se debe a otros factores, no tanto al endurecimiento de las penas, esto no lo sabremos a ciencia cierta hasta que nos lleguen los casos”.

 

A detalle

 

Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el año pasado se consignó el 4.2 por ciento de los robos de un registro de 17 mil 321, es decir, sólo en 731 casos se han determinado responsabilidades que ameritan encarcelamiento.

 

La falta de aportación de elementos suficientes es el factor que más afecta para que se concluyan las averiguaciones.

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que, en comparación al año pasado, este delito no creció considerablemente. En 2011 se registraron 16 mil 630 robos en todas su modalidades.

 

De los 17 mil 321 delitos de robo, 3 mil 579 son violentos y 13 mil 742 son no violentos.

 

 

 

Fuente: Contralínea Coahuila 10 / diciembre 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contralínea Coahulia / Diciembre 2012

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